Enrique Dans

Los brutales incendios forestales que desde el pasado 7 de enero han afectado al área metropolitana de Los Angeles y a las regiones circundantes, con cuatro de ellos aún activos, deberían hacer que pensásemos sobre las perspectivas de futuro de un mundo cada vez más recalentado y en el que catástrofes de este tipo son cada vez más difíciles de controlar. A día de ayer, los incendios, los más catastróficos de la historia de los Estados Unidos, han provocado ya al menos veinticinco muertes, han obligado a evacuar a más de 200,000 personas y han destruido o dañado más de 12,400 estructuras.

Plantear acusaciones absurdas sobre la gestión competente o incompetente de este tipo de incendios es un ejercicio sin sentido. Por supuesto, los incendios se han visto exacerbados por la sequía, la baja humedad, la acumulación de vegetación y los vientos huracanados de Santa Ana, que en algunos lugares han alcanzado los 160 km/h, pero da lo mismo: no importa cuánto fuese el presupuesto y los recursos de los bomberos de Los Angeles, ninguna ciudad está preparada para las consecuencias de la emergencia climática. Obviamente, el tipo de construcción más habitual en los Estados Unidos (condicionado por su historia y, en el caso de California, por lo complejo y caro que es construir con estructuras como el ladrillo en una zona sísmica) ha hecho que los daños sean más intensos, pero algo así con dimensiones similares puede pasar, cada vez más, en cualquier ciudad con entornos forestales cercanos.

Uno de los problemas fundamentales es cómo conseguir que vivir en un mundo en el que las amenazas de este tipo son cada vez más frecuentes y más intensas sea compatible con una vida que consideraríamos mínimamente civilizada. Una de las bases de esa vida civilizada es que, aunque pueden ocurrir catástrofes, cuando ocurren, los afectados tienen un nivel razonable de cobertura, algo que solemos identificar con la posibilidad de tener nuestros bienes y patrimonio cubiertos por una aseguradora.

En el caso de California, a finales del pasado año se promulgó una ley que obliga a las aseguradoras que operan en el estado, muchas de las cuales habían directamente dejado de ofrecer pólizas de seguro de hogar con cobertura de incendios, a volver a ofrecer ese producto en todo el estado, incluyendo las zonas de mayor riesgo, aunque les permite repercutir en el coste de la póliza el coste estimado de hacerlo, con algunos límites. En el caso de California, dado que la nueva norma entró en vigor hace muy pocos días, es de esperar que muchos de los propietarios que han perdido sus casas careciesen de cobertura de seguros, algo que puede afectar desde a los ricos propietarios de casas a la orilla del mar en Malibú, a miles de propiedades en zonas de clase media, cuyos propietarios tenían esas propiedades como el elemento más valioso de su patrimonio.

El resultado es una tensión brutal para el mercado asegurador: el clima está cambiando muy rápidamente, pero los seres humanos no están respondiendo en absoluto con un nivel de urgencia mínimamente comparable. El año 2024 fue el más caluroso de la historia, con el planeta superando por primera vez los 1.5°C de calentamiento promedio, pero las personas siguen construyendo y viviendo en algunas de las zonas de mayor riesgo a medida que aumentan los peligros. Ese factor de riesgo, que se supone que los seguros deben trasladar a través de precios más altos, lleva a mercados en los que un seguro de hogar se convierte en un producto prácticamente de lujo que muchos habitantes no pueden ni pensar en permitirse, contribuyendo así a exacerbar la desigualdad.

Esa brecha entre el aumento del coste del riesgo y lo que las aseguradoras pueden cobrar ha ido creciendo y se hizo mucho mayor tras los devastadores incendios forestales de 2017 y 2018, en los que las aseguradoras privadas perdieron décadas de ganancias y comenzaron a plantear retirarse del estado. Muchos propietarios de viviendas migraron entonces al Plan FAIR, administrado por el estado, equivalente al Consorcio de Compensación de Seguros en España, que tiene menores coberturas y que solicita dinero a las aseguradoras cuando sus fondos no son suficientes para cubrir los daños. En 2020, FAIR tenía una cuota de mercado de un 2.5%, pero de un 20.4% en las zonas consideradas de alto riesgo. Pero desde 2020, las pólizas de FAIR han crecido en más de un 41%.

Para la industria aseguradora, el proceso se describe como un auténtico choque de trenes en cámara lenta. Pero cuando en una sociedad, sus habitantes dejan de tener cobertura ante catástrofes, estamos perdiendo uno de los elementos más relevantes que nos caracterizan como civilización, la capacidad de mantener una cierta red de seguridad, de poder recuperarnos en caso de ser afectados por ellas. Algo muy, muy grave. Y que, sin ninguna duda, proviene de donde proviene: de ignorar a la ciencia, negar la emergencia climática y no hacer esfuerzos para mitigarla. No es California, son muchos sitios más en el mundo, el año pasado incluyendo Valencia.

Ahora, el próximo presidente de los Estados Unidos es un negacionista, y en Alemania, la AfD quiere derribar todos los aerogeneradores del país. La próxima vez que escuches a un negacionista ridiculizando la emergencia climática y hablando de «calentólogos», piensa en lo que está en juego.

This article is also available in English on my Medium page, «The Los Angeles firestorms: we can’t afford to live like this«