Enrique Dans

Mi columna de esta semana en Invertia se titula «El error de pretender prohibir el cifrado» (pdf), y es un intento de explicar las muchas razones por las que creer que los políticos tienen la capacidad o la potestad de regularlo todo, incluso aquello que técnicamente es imposible, no es más que una manera de demostrar ignorancia.

El secreto de las comunicaciones está consagrado como uno de los derechos y libertades fundamentales de las personas. En países democráticos, por lo general, ese derecho se suele condicionar a la posibilidad de que sea un juez quien ordene la intercepción de esas comunicaciones, pero eso ha sucedido, históricamente, cuando la posibilidad de interceptar esa comunicación era posible gracias a la existencia de tecnologías, mas o menos complejas, adecuadas para ello.

El cifrado extremo a extremo, o E2EE, es un sistema de comunicación en el que únicamente los usuarios que se comunican entre sí poseen la capacidad de leer los mensajes. Resalto la palabra únicamente porque tecnológicamente es así: la única manera de leer el mensaje es una vez que ha sido descifrado tras su recepción, es decir, accediendo al dispositivo del receptor. En principio, evita que los espías potenciales, incluidos los proveedores de telecomunicaciones, los proveedores de Internet e incluso el proveedor del servicio de comunicación o el gobierno de turno, puedan acceder a las claves criptográficas necesarias para descifrar la conversación.​ Los sistemas están diseñados para vencer cualquier intento de vigilancia o alteración, porque ningún tercero puede descifrar los datos que se están comunicando o almacenando. Por ejemplo, y esto es bien sabido desde hace ya mucho tiempo con ejemplos patentes como en el caso de los jueces brasileños, las empresas que usan cifrado de extremo a extremo no pueden entregar los mensajes de texto de sus clientes a las autoridades.

El caso de Brasil es especialmente interesante: por culpa de varias reclamaciones judiciales, distintos jueces brasileños han llegado al increíble absurdo de intentar prohibir herramientas tan habituales como WhatsApp, debido a la imposibilidad técnica de la compañía de cumplir con el requerimiento de descifrar las comunicaciones entre personas investigadas. Para un juez, y obviamente para muchos políticos, la palabra «técnicamente» no parece existir: se resisten a la idea de que una tecnología impida de verdad y sin excepciones la posibilidad de interceptar unas comunicaciones. Su cerebro se niega a creerlo, y por tanto, su alternativa es prohibir el uso de la herramienta, o amenazar con llevar a la cárcel al directivo de la compañía que la ofrece, aunque esa herramienta sea algo tan «alarmante» como una app de mensajería utilizada habitualmente por miles de millones de personas.

La ignorancia es un problema, sobre todo cuando ocurre en las personas encargadas de legislar sobre un tema. Pretender prohibir el cifrado extremo a extremo es como intentar prohibir que llueva o que haga sol: buena suerte con ello. No existe, a día de hoy, una tecnología capaz de interceptar las comunicaciones sometidas a este cifrado, y por tanto, intentar que se cumpla a toda costa el mandato de hacerlo debido al requerimiento de un juez es como darse cabezazos contra una pared. Argumentar que la necesidad de interceptar esas comunicaciones se debe a la importancia extrema de evitar actividades terroristas, de explotación infantil o cualquier otro tipo de delito de los que habitualmente se citan para justificar algo imposible es simplemente eso, IGNORANCIA. Así, con mayúsculas.

¿Por qué es ignorancia? Simplemente, porque el cifrado extremo a extremo es una tecnología abierta, que cualquiera puede implementar y utilizar, y que en el momento en el que, hipotéticamente, consiguieses que las herramientas más habituales la eliminasen, las personas más interesadas en ella, que son precisamente los que las utilizan para cometer delitos, se irían a otra herramienta, que ya no podrías perseguir. El político de turno se quedaría, simplemente, espiando a todo el resto de la población, a los que no pretenden cometer ningún delito, mientras los delincuentes siguen cometiéndolos mediante otras herramientas que no pueden ser perseguidas porque, simplemente, no dependen de ninguna empresa en concreto.

Por supuesto, para muchos políticos, la idea de tener vigilada a toda la población es como un sueño húmedo. Pero esos son, precisamente, los políticos a los que tenemos que evitar. La ignorancia en este caso une a políticos de izquierda y derecha, y responde a la idea de intentar «tener todo bajo control», que nada pase sin que los mecanismos de control del estado actúen. Bien, pues no puede ser y además es imposible. Repitámoslo cien veces, o las veces que hagan falta, y nos ahorraremos vergonzosos intentos de legislación con tintes liberticidas y que. además, no conducen a nada más que al ridículo y al descrédito de quienes los proponen. ¿De verdad quiere ser España el país europeo que pretendió prohibir WhatsApp?

¿Qué pasaría si conminases a Meta a eliminar el cifrado extremo a extremo de su aplicación? ¿O a Signal? Que como ya han anunciado, se negarían, y solo te quedaría ordenar su eliminación de las tiendas de aplicaciones. Eso no eliminaría el problema: simplemente haría que quienes quieren utilizar esas herramientas, las obtuviesen de otra manera, además de ser una decisión completamente injustificable, desmesurada y, a todas luces, absurda. Nada desgasta más a un político que la promulgación de leyes que no sirven para nada. Pero incluso si – hipotéticamente – pudieses «eliminar» esas «peligrosísimas» herramientas, es que tampoco serviría para nada: hay miles de desarrolladores esperando hacerse conocidos mediante herramientas de cifrado abiertas disponibles para cualquiera.

Generaciones de políticos llevan décadas intentando eliminar The Pirate Bay, y no lo han conseguido, a pesar de ser una página que, tras la disponibilidad casi ubicua de música y películas a precios razonables, se convirtió en prácticamente marginal. Ni te cuento cómo lo van a tener si lo que intentan es protagonizar una especie de cruzada para prohibir el acceso a WhatsApp. Algunas cosas, como el anonimato o el cifrado, parecen ofender a muchos políticos, y ante esa ofensa, pasan a creer que son omnipotentes y que pueden alterar la realidad.

Tanto WhatsApp como Signal han reiterado en varias ocasiones su negativa absoluta e incondicional a eliminar sus algoritmos de cifrado de extremo a extremo. Telegram no hace falta ni que lo diga: se negó a hacerlo para el gobierno ruso y para su siniestro Roskomnadzor, y sigue, mucho tiempo después, funcionando perfectamente y siendo una de las herramientas que pueden usarse en Rusia (o en Brasil, que por supuesto también lo intentó) para comunicaciones secretas. Da igual para qué se utilice un sistema de comunicaciones sometido a cifrado extremo a extremo: hemos visto intentos de detener a narcotraficantes, a pederastas, a neonazis, a grupos extremistas conservadores… independientemente de lo que pensemos de todos o de algunos de ellos, detener o interceptar sus comunicaciones es IMPOSIBLE. Nos gustará más o menos, pero técnicamente, es lo que hay. Y cuando algo es imposible técnicamente, es que es imposible, diga lo que diga el político de turno. Confundir nuestra repugna a determinados delitos con la posibilidad de alterar la realidad para que algo que es técnicamente posible deje de serlo es, simplemente, ser imbécil, o creer, como en los cuentos de los niños, que «si deseas algo muy fuerte, se va a convertir en realidad». Para los cuentos de niños está bien, pero en la política no tiene ningún sentido.

Nota mental para ciudadanos de países democráticos: nunca entregue su voto a políticos que pretendan intentar eliminar el anonimato, el cifrado de las comunicaciones o cuestiones semejantes. Primero, porque son idiotas, y la idiocia nunca ha sido una cualidad muy deseable en un político. Segundo, porque en el 99% de los casos, sus intenciones no son proteger a sus ciudadanos, sino otras que le van a gustar mucho menos. Y tercero, porque si no eres capaz de entender que no se puede luchar contra una tecnología y que las herramientas son eso, herramientas, no deberías ocupar ningún puesto de responsabilidad.

Pretender prohibir el cifrado extremo a extremo es una demostración de ignorancia política que, como decíamos, equipara ideologías: lo han intentado tanto políticos de derechas como de izquierdas o mediopensionistas, todos ellos con igual éxito: ninguno. ¿Por qué? Porque es IMPOSIBLE. Creer que por ser político puedes luchar contra la tecnología es estúpido e ignorante: sea cual sea tu mandato, sea democrático o no, el hecho tecnológico es el que es, y no va a cambiar porque tú lo digas. Únicamente demostrarás tu ignorancia.

No se trata de hacer bandera de nada, ni de ser radical: es que cuando algo no puede ser, no se puede ser y ademas es imposible. ¿Puede alguien explicárselo a unos políticos españoles que pretenden aprovechar sus «seis meses de gloria» en la Presidencia de la Unión Europea para teñir la reputación tecnológica de nuestro país con el estigma de ser «los que pretendieron prohibir WhatsApp»?

This article is also available in English on my Medium page, «Why are our politicians so determined to ban us from using encrypted messaging?»