Enrique Dans

Mi columna de El Español de esta semana se titula «Convenio de Ginebra digital«, y reflexiona sobre la idea introducida por el presidente de Microsoft, Brad Smith, de crear una nueva versión del conocido Convenio de Ginebra para el derecho internacional humanitario, revisado y ampliado ya en tres ocasiones tras su primera versión, para intentar detener la escalada en el creciente uso del state-sponsored hacking, el uso de la red para tratar de espiar a las administraciones de otros países o de atacar y dañar sus infraestructuras críticas. 

Siempre he sido muy crítico con la tendencia a la hiperlegislación, el intento de reescribir las leyes para supuestamente adaptarlas al nuevo contexto que supone internet. Internet no requiere nuevas leyes ni leyes especiales, requiere simplemente que los jueces tengan la flexibilidad suficiente como para interpretar lo que es delito o no lo es en un entorno diferente. La mejor manera de analizar cualquier acción presuntamente punible en internet es retirar internet del escenario y plantearse cómo la juzgaríamos si se hubiese producido fuera de internet. Un robo es un robo, sea en internet o fuera de él, una difamación es una difamación en la red o en la calle, y un ataque a un país lo es independientemente de que se produzca a través de internet o mediante un espía con gabardina y gafas oscuras. Por eso, la idea de no promover leyes como tales, sino foros de discusión en los que se llame a las cosas por su nombre y se aíslen los problemas me resulta sensiblemente más atractiva que la idea de dictar nuevas leyes a diestro y siniestro cuando las que existían ya eran claramente suficientes y respondían a un consenso social obtenido a lo largo de mucho tiempo.

Uno de los principales problemas de internet es el hecho de que en toda innovación surgen, de manera generalmente muy rápida, un conjunto de aprovechados, malintencionados o directamente delincuentes que intentan extraer un provecho ilícito de las características del nuevo entorno. Habitualmente, la respuesta de la ley en este sentido es lenta e ineficiente, y suele serlo mucho más en los países que provienen de la civil law frente a las que tienen su base en la common law, que se apoya en los casos precedentes y que, por tanto, tiende a tener una flexibilidad y adaptabilidad muy superior. Cuando la actuación de personas que retuercen el nuevo entorno para obtener un beneficio ilícito, llámense dialers, spammers, scammers, phishers, ladrones de identidad, domainers o lo que sea, se convierte en un desincentivo a la difusión de la innovación, la ley tiene que actuar de manera rápida y decisiva, y poner coto a esos abusos de manera inmediata sin que el hecho de que el delito se produzca en internet tenga ningún tipo de influencia sobre su condición de delito. El hecho de que estemos viviendo auténticos episodios de guerra entre países por el espionaje y los ciberataques a través de la red y la comunidad internacional no esté haciendo nada por tipificar y definir este tipo de cuestiones, deslindando claramente lo que son y separándolos de las posibles zonas grises, tiene mucho que ver con lo que ocurre en ese otro ámbito, en el de la definición de los delitos de otros tipos.

¿Necesitamos reeditar el Convenio de Ginebra para adaptarlo al entorno digital? No lo sé. El contexto de las relaciones internacionales tiene una regulación muy compleja e indudablemente enrevesada, pero tener determinadas definiciones por escrito en un documento que provenga de un consenso general y que pueda ser invocado, o utilizado eventualmente como herramienta sancionadora, posiblemente no viniese nada mal. Y de paso, repensar la lentitud con la que la justicia, en general, tiende a adaptarse a los nuevos entornos definidos por la tecnología, y lo que nos termina costando que eso sea así.

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