India da un nuevo significado al concepto de «legislar en caliente» al proponer una ley que pretende exigir una licencia a todo aquel que comparta datos de geolocalización, so pena de ser sancionado con el equivalente a unos $150,000.
La proposición de ley viene como reacción a un reciente ataque terrorista: el pasado 2 de enero, un grupo fuertemente armado atacó la estación de la fuerza aérea india de Pathankot. En el ataque, que se atribuyó a un grupo islámico que supuestamente trataba de dificultar el proceso de estabilización de las complicadas relaciones entre India y Pakistán, murieron siete militares y un civil además de los cinco terroristas, y el gobierno responsabilizó a Google de haber prácticamente «facilitado» el ataque por no haber ocultado de manera adecuada en Google Maps la localización de sus instalaciones militares. En efecto, todo indica que, como puede observarse en la ilustración, Google Maps permite ver la zona con una resolución de hasta 20 metros que podría permitir su hipotético uso para planear un ataque, pero dadas las facilidades ofrecidas por Google para eliminar detalles de otras zonas del mundo cuyos gobiernos lo solicitan, parece más fácil pensar en un error del propio gobierno del país que en una hipotética negativa de la compañía norteamericana.
Según la nueva legislación, en caso de resultar aprobada en su redacción actual, toda aplicación que utilice datos de geolocalización en sus procesos – un número cada vez mayor de apps sociales de todo tipo – necesitaría obtener una licencia específica y someterse a un control gubernamental estricto, pero también la precisarían supuestamente aquellos usuarios finales que pretendiesen utilizar prestaciones como enviar o compartir su localización, lo cual raya directamente el absurdo.
India acaba de ultimar el desarrollo y puesta en marcha de su propio sistema de geolocalización con una constelación de siete satélites que cubre el país y una franja de 1500 Km. a su alrededor, lo que convierte una ley de este tipo en un importante obstáculo a la innovación y el desarrollo de los posibles servicios basados en el geoposicionamiento que podrían surgir de esa oportunidad. Únicamente siete países tienen desarrollados sistemas de geoposicionamiento: los Estados Unidos (GPS) y Rusia (GLONASS) como sistemas globales; China (BeiDou-2) y Europa (Galileo) como sistemas en desarrollo con ámbito igualmente global, y sistemas regionales como el de Japón (QZSS) o el citado de la India (NAVIC). Pero peor aún, la cuestión es que además de dificultar la innovación en torno a estos sistemas, lo haría a cambio de no servir a ningún propósito concreto o definido: aquellos que realmente intentasen obtener y utilizar datos de geoposicionamiento con fines terroristas o militares podrían simplemente saltarse los controles establecidos por el gobierno indio y obtener esos datos fácilmente de otras fuentes, dado que la legislación únicamente sería válida y aplicable al país.
El problema del proyecto legislativo indio es que es claramente uno de esos casos en los que la legislación no tiene en cuenta la caída de las barreras de entrada generada por la tecnología. Los datos de geoposicionamiento han pasado, en un plazo relativamente breve de tiempo, de tener prácticamente el estatus exclusivo de tecnología de uso militar, a ser algo que podemos obtener en cualquier momento con un terminal que llevamos en el bolsillo. En esas condiciones, pretender convertirse de alguna manera en «la policía del geoposicionamiento» y exigir controles a todo aquel que pretenda utilizar esos datos es no solo absurdo y poco operativo, sino completamente irracional, porque obvia el hecho de que no existe control real posible que pueda desarrollarse con un mínimo de eficiencia.
Tratar de «poner la tecnología bajo control» no suele ser una buena idea, fundamentalmente porque en prácticamente ningún caso se consigue. La tecnología es enormemente escurridiza, y una vez desarrollada, suele estar sujeta a procesos de abaratamiento y popularización difíciles de controlar. A partir de un momento determinado en la curva de difusión, el control suele convertirse en imposible. A ver si el caso de la India, que posiblemente y si alguien tiene dos dedos de frente no llegará a convertirse en ley, sirve como ejemplo para otros gobiernos con ideas similares…
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Y yo creo que el gobierno de ese país lo sabe perfectamente, nadie puede tapar el sol con un dedo. Creo que caemos en el error de pensar que lo que esta nueva legislación pretende es controlar o impedir que Google u otras aplicaciones utilicen datos de geolocalización de la India, porque eso bien saben ellos que es imposible y además no creo que sea su verdadero problema. La multa de 150.000$ es bastante sustanciosa, pero es que además, esta ley es una forma de eludir la responsabilidad del gobierno por no ocultar los datos de lugares estratégicos para un posible ataque. Por no hablar de que diciendo que Google o que un señor han incumplido la Ley evitan tener que tomar decisiones bélicas y militares contra otros países, alegando que quien les ha atacado no tiene la culpa, sino una empresa concesionaria que había publicado su geolocalización en Google.
Muy posiblemente podría resumirse así:
– Afán recaudatorio
– Desviar la responsabilidad del gobierno
– Justificar una nula respuesta militar en un conflicto
Dudo que aprueben semejante engendro.
O sea, que veis normal que Google saque mapas de instalaciones militares de países ajenos. ¡Que viva la tecnología y que se jodan los indios si sufren un ataque terrorista gracias a esos mapas! Eso sí, de las instalaciones militares estadounidenses ya nos cuidamos de que no haya ningún mapa. Luego nos extrañamos cuando acusan a Google de ser una herramienta del imperialismo yanqui. Lo próximo será que Google saque mapas detallados de nuestras casas. ¡Y el que se queje es un ludita!
Todavía no sé si se te ha olvidado el emoticono de ironía o si lo dices en serio.
Pero, ¿no son las grandes compañías como Google, las únicas que pueden reunir datos de geolocalización? Al menos son los únicos que pueden hacerlo sin el consentimiento del usuario. Esas y las telecos. Porque para reunir datos de geolocalización de un grupo social, alguien tendría que desarrollar una app que pidiera permiso para acceder a los datos de geoposicionamiento del móvil. A ver, que sí, que se puede hacer, pero no todo el mundo. Hay que saber hacer apps ya sea en Android o en iOS, o mejor en los dos sistemas. Aún así, el usuario puede denegar el permiso. Osea, que al final sí hay barreras de entrada. Jo, al final va a resultar que un país tiene que ceder su soberanía a las tecnológicas.
Duda que no tengo clara que sería un buen simil:
¿Puedo llevar un cuchillo de caza en mi coche?
Me recuerda al caso de Wikipedia con la base militar de Pierre-sur-Haute. Medidas coercitivas que no sirvieron de nada.