Enrique Dans

Juan Ignacio Cabrera, de PC Actual, me envió algunas preguntas por correo electrónico para un reportaje que estaba preparando sobre el control gubernamental de la red, publicado en el número de este mes bajo el título «¡Cuidado! Vigilan las páginas que visitas» (pdf).

A continuación, el intercambio de preguntas y respuestas, bastante largo, que mantuve con Juan Ignacio:

P. Hay quien mantiene, como Tim Berners Lee, uno de los creadores de la web como la conocemos hoy en día, que el control que los Gobiernos intentan tener sobre Internet «atenta contra los derechos humanos». ¿Realmente es para tanto?

R. El control que algunos gobiernos pretenden ejercer sobre la red no solo atenta contra los derechos humanos, sino que puede terminar por privar a la humanidad de la herramienta más completa y con un potencial más impresionante que el ser humano ha creado en miles de años de evolución. La naturaleza abierta de la red irrita enormemente a quienes pretenden seguir ejerciendo un poder basado en la asimetría informativa y en la unidireccionalidad, y eso está haciendo que intenten destruir esa naturaleza, convertirla en otro medio más que puedan controlar. En realidad, los «jinetes del apocalipsis» que utilizan, tales como la amenaza terrorista, los derechos de autor o la pornografía infantil, no son más que meras excusas para ejercer un control sobre el ciudadano que se aproxima mucho al que predijo Orwell en su novela «1984».

P. En una entrevista reciente concedida al diario británico The Guardian, Sergey Brin, uno de los fundadores de Google, decía que hay poderosos a los que no les gusta nada una Internet libre. Brin se refería a una combinación de fuerzas formada por los estados, la industria audiovisual y entornos “restrictivos” como Apple o Facebook. ¿Estás de acuerdo con Brin? ¿Se olvidó de alguien el cofundador de Google?

R. Estoy de acuerdo con Brin en lo fundamental, aunque desgraciadamente, la propia Google, bajo la presión del mercado, ha caído en ese tipo de actitudes. Lo que Google hace en productos como YouTube con los propietarios de derechos de autor, a los que otorga una categoría poco menos que de dioses capaces de hacer y deshacer a su antojo, es algo que no tiene nombre, y que hace únicamente por asegurarse su participación. En ese sentido, Google tendría que ser mucho más arriesgado, tener una actitud mucho más parecida a la que tuvo con China, y contribuir a evitar los abusos de esas industrias y de sus lobbies, nunca alinearse con ellas. Pero la presión fundamental sobre la red la ejercen gobiernos con actitudes antidemocráticas, creando leyes liberticidas, y ejerciendo presión sobre los proveedores de acceso y de servicios.

P. ¿Cuáles son los peligros a los que está expuesta la información de los internautas en un país como España?

R. Los peligros en el caso de España provienen de políticos ignorantes o malintencionados que solo son capaces de ver la red como un conjunto de «terribles amenazas» y no como una fuente de riqueza. Así, basta la presión internacional de un lobby de empresas que negocian con derechos de autor (no del gobierno norteamericano, sino de la IFPI) para que en España llegue el ministro Wert y apruebe una ley tan retrógrada y absurda como la ley Sinde, por ejemplo. Si lees el programa electoral de los partidos, las referencias a la red vienen acompañadas de «protección del menor», de «amenaza terrorista», de «violación de los derechos de autor», etc. como si la red fuera eso, en lugar de una herramienta fundamental en el futuro de nuestro país y de sus ciudadanos. Habría que promover un relevo generacional en la clase política: los que tenemos no es que sean demasiado viejos, es que con raras excepciones son simplemente demasiado inútiles en todo lo relacionado con la red.

P. ¿Conoces casos en España de vulneración de derechos fundamentales de los internautas por un exceso de celo del Gobierno o de los servicios de inteligencia?

R. En España, al no haber una ley de transparencia en condiciones, resulta enormemente difícil saber hasta qué punto se están violando los derechos fundamentales de los usuarios de internet. Pero se intuye que esas violaciones existen, y van a existir más aún con el desarrollo de legislaciones abiertamente liberticidas como la ley Sinde que ha aprobado el ministro Wert.

P. ¿Cuáles son los casos más extremos que conoces en el mundo de vulneración de derechos individuales en Internet por parte de Gobiernos con ansias de control?

R. Obviamente, los casos más extremos corresponden a países que ni siquiera necesitan disimular para parecer democráticos, porque directamente no pretenden en modo alguno serlo. Pero el verdadero problema no es que China o Irán vulneren los derechos de sus ciudadanos, porque en realidad nadie esperaba siquiera que los respetasen. El verdadero problema es que la actitud hacia esos países ha cambiado de manera radical en los últimos pocos años. Lo que hasta hace no demasiado tiempo era mirar a esos países y calificarlos rápidamente de actitud antidemocrática, hoy en día se ha convertido en que muchos gobiernos de países supuestamente democráticos como los Estados Unidos, el Reino Unido, España, Francia y muchos otros miran a esos países y directamente copian sus actitudes y herramientas. La actitud de determinados países con respecto a la red es la auténtica vergüenza de la democracia, y debería conllevar que sus ciudadanos les exigiesen responsabilidades de la manera más severa posible.

P. ¿Cuáles son los países del mundo que más intentan (y lo consiguen) controlar las comunicaciones de sus ciudadanos por Internet?

R. Los desarrollos tecnológicos y de ingeniería social de Irán o China en este sentido son absolutamente punteros en todo el mundo, y provienen en muchos casos de proveedores tecnológicos occidentales. Es otro tema en el que los sistemas de control fallan: los gobiernos y los consumidores occidentales deberían sancionar claramente a los proveedores que colaboran con regímenes autocráticos o que manifiestan un claro desprecio a los derechos humanos, pero este comportamiento no tiene lugar.

P. Técnicamente, ¿cuáles son las vías de un Estado para controlar las comunicaciones de sus ciudadanos? Entiendo que las operadoras son cruciales para llevar a cabo tal control.

R. En general se trata de la construcción de infraestructuras centralizadas por las que pasan las comunicaciones de todo un país, y que pueden ser sometidas a controles mediante muestreo o mediante técnicas de Deep Packet Inspection (DPI). Pero también existen métodos sociales, desarrollo de auténticos ejércitos de personas que simulan un apoyo al gobierno y desalientan o amenazan a los opositores, y muchas técnicas sociales basadas en dar lugar a una sensación de vigilancia, de control, de miedo.

P. ¿Consideras que la famosa «Ley Sinde», impulsada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero y finalmente aprobada por el nuevo Gobierno de Rajoy el pasado 30 de diciembre, es una vía para que el Estado merme los derechos de los usuarios de Internet?

R. La ley Sinde construye una justicia paralela a la medida de las entidades que intermedian con derechos de autor, típicamente empresas discográficas, cinematográficas y sociedades de gestión, e independiza completamente las decisiones del criterio de los jueces. Los controles judiciales son lo más falso que se ha construido en este país en términos legislativos, y crean un «espacio libre de jueces» para que un gobierno pueda cerrar páginas a su antojo con total tranquilidad. En la práctica, la mera construcción de una justicia especial a medida que actúa rápidamente para unos, mientras los ciudadanos normales tienen que conformarse con la justicia común debería considerarse una merma de derechos. Pero es que, además, la actitud del estado es proteger a quienes se dedican a estrangular el desarrollo del mercado y se aprovechan de una artificial economía de la escasez.

P. ¿Qué legislación – antiterrorista o de cualquier otro tipo – permite hoy en España “espiar” a un internauta?

R. Internet se somete a los mismos controles que puede someterse cualquier monitorización de otro medio de comunicación, tal como el teléfono. Teóricamente, es precisa una autorización judicial para monitorizar las comunicaciones de una persona, sea por la vía que sea. Pero el avance es hacia la construcción de sistemas de monitorización par todos, obligando a los proveedores de acceso a guardar archivos de todas nuestras comunicaciones durante largos períodos de tiempo, y aumentando el número de ocasiones en que el gobierno puede solicitar datos a estas entidades. La retención de datos, en realidad, no es la solución a ningún problema, porque lo que haces es retener datos de ciudadanos inocentes mientras los verdaderos delincuentes la esquivan mediante métodos tecnológicos sencillos.

P. Brin dice que iniciativas legales como SOPA o PIPA habrían puesto a Estados Unidos a la altura de China o Irak. A finales de abril, la Casa Blanca rechazó el planteamiento de la última iniciativa legal (del partido Republicano) para controlar las comunicaciones en Internet (CISPA), que en principio tenía como objetivo seguir casos de terrorismo a través de la web. ¿Cómo crees que acabará la cosa en Estados Unidos?

R. El lobby de los derechos de autor tiene en los Estados Unidos un poder casi omnímodo, y el freno que supone la Casa Blanca es claramente insuficiente. La industria del cine y de los contenidos financia campañas de políticos, invierte ingentes cantidades en lobbying, y consigue situar a sus peones en puntos fundamentales de la estructura de poder. A día de hoy, desgraciadamente, hay muchas razones para ser pesimista.

P. Es deber de un Gobierno garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Al mismo tiempo, es imprescindible también garantizar la privacidad de las comunicaciones y la libertad de expresión. Entiendo que en esta paradoja se mueven muchos políticos. ¿Cómo se podría lograr un adecuado balance entre seguridad colectiva y derechos individuales?

R. Resulta triste comprobar como una gran cantidad de políticos han pasado a considerar que la privacidad de las comunicaciones o la libertad de expresión son víctimas necesarias para proteger cuestiones que estiman más importantes, como perseguir el terrorismo, la pornografía infantil o la violación de los derechos de autor. En realidad, este tipo de cuestiones no son algo característico de internet sino de la misma naturaleza humana, y su persecución mediante los métodos que plantean esos políticos no es en absoluto eficiente. Es más, tiene incluso un efecto negativo. Intentar que la pornografía infantil descienda mediante el bloqueo de los sitios que se dedican a su tráfico es absurdo, solo esconde el problema bajo la alfombra: lo que hay que hacer es llevar a cabo acciones policiales mediante una formación lo mejor posible de los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado, porque el bloqueo de esas páginas solo lleva a que los degenerados que las utilizan busquen métodos alternativos que escapen al control. Con los derechos de autor ocurre lo mismo: la manera de protegerlos no es cerrando páginas de intercambio, sino forzando el desarrollo de alternativas de mercado que los usuarios acepten y estimen adecuadas. En su lugar, se protege a quienes precisamente intentan que estas alternativas no se desarrollen. Hacen falta políticos que de verdad entiendan la red.