Enrique Dans

María González, de Público, me envió un correo para hacerme algunas preguntas acerca de la operación puesta en marcha por hacktivistas contra la ley Sinde-Wert, y hoy me cita en su artículo «Hacktivistas llama a autoinculparse contra la ley Sinde-Wert«.

A continuación, el intercambio completo de preguntas y respuestas que cruzamos:

P. Me gustaría saber si crees que la iniciativa va a tener éxito, ya que el 1 de marzo está muy cerca y el miedo puede jugar un papel importante a la hora de decidir qué hacer. ¿Crees que el Gobierno se va a pronunciar en contra de esta web o va a hacer oídos sordos a la iniciativa?

R. Si la Comisión ignora la denuncia de un autor, estaría poniendo claramente en evidencia que esta ley no trata en ningún caso de defender a los autores, sino de poder censurar y cerrar páginas sin tener a «esos molestos jueces» por medio. La iniciativa es un auténtico hacking de la ley: genera una conducta claramente vulneradora en un número elevado de páginas, mientras lleva a cabo la denuncia por parte de un derechohabiente implicado en la acción, el propietario de la obra vinculada. Por un lado, estás poniendo en marcha un mecanismo de tipo «Fuenteovejuna» que puede llegar a implicar, si todo va bien, a unos cuantos cientos de páginas, casos que la Comisión tendría que estudiar. Por otro, hablamos de páginas cuya actividad principal, en general, no es la conducta tipificada como vulneradora, sino que se limitan a una acción coyuntural, y que llegado el momento hipotético de una comunicación se negarán a eliminar el enlace, para así evitar un reconocimiento implícito de culpabilidad.

Es una manera clara de poner de manifiesto los clarísimos y evidentes problemas de una ley que se salta todos los principios básicos de tutela judicial efectiva y de separación de poderes, razones por las cuáles se ha encontrado en todo momento con los ciudadanos de frente y ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo por la Asociación de Internautas, por la Asociación Española de la Economía Digital (adigital), y por la Red de Empresas de internet (REi). Es, simplemente, una aberración jurídica, y además, inoportuna: plantear esa ley por supuestas «presiones del gobierno de los Estados Unidos» cuando la Casa Blanca afirma que no considera adecuado un paquete legislativo similar en su país (SOPA/PIPA) debido a los posibles efectos nocivos que podría tener para el desarrollo de internet es completamente incoherente y absurdo.