Enrique Dans

Ayer participé, invitado por el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas & Demócratas en el Parlamento Europeo, en la jornada «Copyright and Intellectual Property in the Digital Age«, en una mesa redonda en la que participaron además Jean Bergevin (Head of Unit, Fight against Counterfeiting and Piracy) y Malcolm Hutty (President, EuroISPA), moderados por Luigi Berlinguer.

Sinceramente, salí de allí mucho más animado y optimista de lo que entré, con cierta sensación de que algunas cosas pueden estar empezando a cambiar. Mis compañeros de mesa resultaron tener posturas notablemente más progresistas y reformistas de lo que me había esperado al ver sus cargos con respecto al tema, y el moderador hizo un fantástico trabajo a la hora de mantener el balance entre nuestras exposiciones y las preguntas de los asistentes. Sala prácticamente llena (la fotografía la hice al final, cuando algunas personas se habían tenido que ir), y mucho interés por consolidar posturas con respecto a un tema donde la influencia más habitual suele venir de los lobbies de defensa ultramontana de la propiedad intelectual.

Mis mensajes, los que conocéis los habituales de esta página, y en su forma habitual: adopté una posición y un estilo deliberadamente provocativo y muy poco «parlamentario», y creo que fue un acierto. Mensajes claros: los usuarios NO son delincuentes, sino que intentan acceder a unos contenidos en una situación de falta de alternativas. Un mercado inexistente propiciado por una situación de excesiva intermediación y de gestión insostenible de los derechos de autor, que generan desigualdades entre países, ventanas de explotación completamente artificiales, precios claramente abusivos, y ausencia de innovación y de oportunidades para emprendedores en un mercado monopolístico. En esa coyuntura, los intermediarios de la propiedad intelectual juegan la perversa carta de criminalizar al usuario, de reclamar perjuicios inexistentes aplicando criterios que ofenden a todo sentido común (una descarga igual a una venta perdida) y encargando estudios manipulados que atribuyen pérdidas capaces de superar todo el dinero en circulación en el mundo. La reacción que surge ante este entorno es clara: los políticos tienden a endurecer la legislación dictando leyes que la tecnología convierte en obsoletas antes incluso de ser promulgadas, plantean cuestiones como bloqueos y desconexiones de usuarios, y terminan provocando una fortísima reacción de indignación que puede, como ocurrió en el caso de España con la ley Sinde, convirtiéndose en espoleta capaz de provocar importantes reacciones y movimientos sociales.

Ante parlamentarios sumamente participativos como Catherine Trautmann, Silvia Costa, Françoise Castex, Michael Cashman o los españoles Antonio Masip y Luis Yáñez, intenté reforzar ideas como que si un modelo de negocio depende de impedir el acceso de terceros a un conjunto de bits o de vender copias que todo usuario puede hacerse por sí mismo, es un modelo de negocio muerto. Asimismo, intenté desmontar falacias como la que afirma que «los usuarios lo quieren todo gratis» y que «se atacaba a los autores», afirmando que los usuarios sí están dispuestos a pagar por servicios de calidad que combinen conveniencia y precio adecuado, como de hecho pagan por proxies, servicios de almacenamiento, accesos preferentes, etc. y como se demuestra del hecho de que los países en los que descienden las descargas irregulares es debido no a una mayor persecución, sino al mayor desarrollo de servicios alternativos. Hablamos con bastante profusión de las sociedades de gestión de derechos de autor, de su papel como monopolio que impide la innovación, de cómo retienen y desvían los fondos sin repartir a los autores, y de hasta qué punto perjudican el desarrollo de un verdadero mercado eficiente, e hicimos mucho énfasis en el hecho de que un mayor nivel de persecución y criminalización de los usuarios redundaría en una red en la que predominase en uso de herramientas como proxies y VPNs para proteger el anonimato, un escenario siniestro que además perjudicaría la investigación de los verdaderos delitos. Como peticiones finales, abogué por dejar de criminalizar y perseguir al usuario, por renunciar al establecimiento de sistemas de filtrado que no llevan a ninguna parte, y por dejar al mercado que funcionase favoreciendo la innovación y un entorno en el que la gestión de los derechos no generase situaciones que impiden el desarrollo de modelos de negocio asociados a los contenidos.

¿Preocupaciones? El hecho de que las personas que manifestaron actitudes más ultramontanas y conservadoras fuesen, además de un Michael Cashman muy vinculado personalmente a lo largo de su vida con música, cine y teatro y que defendió las supuestas pérdidas millonarias de los autores, los dos eurodiputados españoles, Yáñez y Masip. Sus posturas, en ambos casos, fueron por el lado de quien cree que se ataca a los autores, y que el político que apoya reformas en el copyright está dejando de defenderlos. Un victimismo que chocaba claramente con el hecho de que mal voy a atacar yo a los autores cuando precisamente soy uno de ellos (aunque el Sr. Masip me dijese eso de «pues yo no lo conozco, y una autora amiga mía que sí es importante vio cómo perdía completamente el control de la distribución de su libro»), pero que chocó bastante con la actitud de la mayoría de los presentes, tanto durante la participación en el hemiciclo como después en las charlas en los pasillos.

La sorpresa agradable para mí vino con la aparición sorpresa en el hemiciclo de David Hammerstein, una de esas personas a las que llevo tiempo siguiendo, que está jugando un importantísimo papel en la defensa de los derechos de los usuarios, que me apetecía mucho conocer, y que mostró un apoyo decidido a mis posturas con su participación.

Veremos qué queda de mi optimismo de hoy cuando los eurodiputados tengan que votar cuestiones relacionadas con el copyright y la propiedad intelectual. Pero al menos… hemos estado ahí! :-)