En estos últimos días me ha coincidido tener conversaciones muy entretenidas con varias personas cuya opinión, además, estimo bastante, sobre un mismo tema: la futura evolución de las compañías de telecomunicaciones. Para mí, la reflexión sobre esta cuestión viene desde hace mucho tiempo, y la puse por primera vez sobre la mesa hace tres años, cuando un importante directivo de una empresa de telecomunicaciones pidió a algunos profesores que sin ningún compromiso le ayudásemos a reflexionar sobre ello. Desde su punto de vista, las compañías de telecomunicaciones devenían cada vez más en auténticas utilities, en proveedoras no de servicios, sino simplemente del canal a través del cual esos servicios se transmitían. El margen sobre los servicios prestados se lo quedaba otro, el margen sobre el hardware también, y lo único que le quedaba a la compañía de telecomunicaciones era la propiedad sobre el cable, la pura infraestructura como tal. Siendo así, el tamaño de las compañías debía redimensionarse, replantearse completamente, hecho que, ni que decir tiene, le suscitaba una lógica preocupación. Desde mi punto de vista existen numerosas alternativas a este escenario, pero este punto podría ser objeto de otra larga conversación.
La cuestión permite reflexionar sobre algunos temas: desde un punto de vista estrictamente liberal, debería ser la iniciativa privada, las compañías, las que se encarguen de invertir en infraestructuras que posteriormente puedan rentabilizar cobrando a los usuarios por su utilización. Sin embargo, la evolución tecnológica nos lleva a modelos en los que los esquemas anteriores de facturación carecen de sentido, y al no poder facturar cantidades variables en función de factores como el tiempo y la distancia, los rendimientos tienden hacia un descenso notable. La compañía de telecomunicaciones, por tanto, se ve abocada a un futuro en el que tiene unos rendimientos inferiores basados en clientes que utilizan tarifas planas, permanecen conectados en todo momento y usan sus infraestructuras para consumir productos y dejarse el margen en otras compañías, pero con los que deben sostener unas infraestructuras costosas y con unas necesidades de renovación constantes y crecientes.
Por otro lado, existe un regulador que debe encargarse de cuestiones como el asegurar la universalidad del servicio. De no ser así, esto redundaría sin duda en una cobertura restringida a lugares en los que por nivel de población y actividad resultase rentable hacerlo. Esto, curiosamente, afecta en algunos casos a unos más que a otros, en función del nivel de intervención estimado como necesario para corregir situaciones provenientes de anteriores monopolios regulados.
Ahora detengámonos a pensar en la dinámica resultante de esta situación: por un lado, el operador incumbente es el único obligado de una manera real al sostenimiento de una infraestructura que proporcione acceso universal. El resto, en el mejor de los casos, van construyendo su propia infraestructura en lugares en los que les resulta rentable hacerlo, tales como núcleos de elevada población o actividad, mientras utilizan la infraestructura del incumbente a cambio de tarifas de interconexión reguladas para el resto del territorio. En esta situación, el incentivo para los operadores para el desarrollo de nuevas infraestructuras o mejora de las existentes es, en el mejor de los casos, muy escaso, y más aún cuando dichas infraestructuras posibilitan, precisamente, la sustitución parcial o total de productos de la compañía con ofertas de otros protagonistas. Ante un escenario así, las compañías optarían por un retraso de las inversiones y por la rentabilización a ultranza de las infraestructuras existentes, fenómeno que se acentuaría más en una situación de oligopolio. Como segundo efecto posiblemente indeseable, tendríamos a múltiples compañías desarrollando además un conjunto de infraestructuras muy posiblemente redundantes, con una utilización muy posiblemente subóptima de los recursos.
La alternativa, posiblemente insultante para todo liberal convencido, se plantea como desarrollo público de una infraestructura común financiada con cargo a impuestos, abierta a aquellas compañías que desean proveer servicios en ella en régimen de libre competencia, y balanceada de manera que se procure una autofinanciación no sólo de las infraestructuras como tales, sino de su ulterior evolución y mejora. Sin embargo, la gestión pública no está exenta de problemas por todos conocidos, y que se han experimentado en numerosas ocasiones a nivel histórico. En la actualidad empiezan a desarrollarse algunos experimentos a escala local, dado el incentivo que supone crear una infraestructura que acerque, por ejemplo, el uso de Internet a los ciudadanos, pero dichos incentivos se han topado, en muchos países, con la oposición del regulador. En realidad, lo que se está tratando es mucho más que la mera decisión de qué hacer con respecto a tecnologías emergentes como el WiFi, WiMAX o similares: es el futuro modelo de desarrollo de las infraestructuras sobre las que se asienta toda la Sociedad de la Información.
Totalmente de acuerdo pero con alguna otra posibilidad: ¿Pueden los operadores establecer modelos de negocio donde aporten valor añadido adicional además de las infraestructuras? ¿Puede este valor añadido adicional servir de motor para generar más inversiones en infraestructuras?
Las infraestructuras son cada vez más un mal necesario. Si no se regula adecuadamente (precios regulados y asegurados, por ejemplo), ningún operador tendrá incentivo para invertir en ellas. Y si no lo hacen, un servicio necesario y vital para nuestra economía y nuestra sociedad(como son las infraestructuras) no se realizarán.
Las infraestructuras tecnológicas deben tener el mismo tratamiento que las carreteras, los aeropuertos, etc. Si luego, a partir del mínimo provisto por las administraciones públicas, hay entidades privadas que quieran invertir, fantástico. Pero el mínimo debe ser cubierto por el Estado.
PD.- Enrique: no creo que un «liberal convencido» sea tan miope como para no darse cuenta de a dónde llevan determinados planteamientos ultraortodoxos, ¿no?
Consultor, ya sabes el «feo vicio» que tenemos los académicos… primero tiramos la piedra… Lo que quiero decir, que yo por ahora he escrito esta entrada con la que espero suscitar cierta polémica y discusión, porque entre otras cosas espero enriquecer y matizar mis puntos de vista con aquellas ideas interesantes que se puedan generar. Nótese que la entrada expone argumentos, pero no toma partido ;-)
Es un tema muy interesante, y, desde que leí por primera vez sobre WiMax, supe que, esta vez sí, el modelo tradicional de las telecos está herido de muerte.
El acceso a banda ancha es una necesidad, casi tan básica como la electricidad. Si las empresas no dan el servicio, la comunidad deberá hacerlo. Como dices, las telecos no tienen grandes incentivos para llevar la banda ancha al último pueblo perdido, con lo cual será el ayuntamiento el que lo haga ( ). El coste parece estar al alcance de un pueblo mediano, y bajará, seguro.
En cuanto esto empiece a generalizarse, las ciudades se preguntarán porqué no… la CMT tendrá dificultades para controlar la explosión (lo de BCN no parece sostenible en este entorno)
Tal vez una estructura descentralizada (cada pueblo su red), y un cruce entre organismo público y privado (un modelo cada vez más extendido) pueda paliar los problemas de la gestión pública que todos conocemos. De todas formas, prefiero mil veces estar en manos de un organismo público ligeramente ineficiente que en los absolutamente eficientes colmillos de Telefónica y Co.
Había incluído un par de referencias web de ayuntamientos que ya están moviéndose, en concreto Antequera y Mijas, pero parece que al sistema no le gustan las urls.
Tema interesantísimo. Y ahí va otro punto de vista.
El Estado, o sea, el conjunto de personas que con sus ignorancias y aciertos monopoliza el uso legítimo de la violencia, no es sino una organización sumamente imperfecta que se mueve por el «interés general», en base al que puede cometer las más tremendas injusticias. Cada gramo de poder transferido al Estado en aras del «bien público» se convierte en un gramo de libertad extraído de la sociedad civil.
Los humanos, intercambiamos libremente bienes y servicios en función de lo que estamos dispuestos a dar y recibir. Lo que estamos dispuestos a dar y recibir depende de nuestras preferencias, que son individuales y muy subjetivas. Lo que el Estado está dispuesto a dar y recibir depende de su capacidad de reducir la libertad de las personas privándoles de su propiedad (impuestos) o de otros derechos que como humanos sólo pertenecen a individuos. Así como de la definición que de «bien común» haga un grupo de personas que logra el poder manipulando en los medios de comunicación.
Si mi abuela, y en el pueblo de mi abuela (en el centro de Extremadura) están dispuestos a tener la mejor red wireless de España, al precio actual de la tecnología, pueden asumirlo perfectamente con sus pensiones nimias. Si no lo están, como demuestra la tozuda libertad del mercado, el «universalizar» por ley esta prestación, no es sino tirar recursos a la basura. Recursos que habrían sido más aprovechados en otra parte.
Las personas tenemos que intercambiarnos bienes en libertad siempre que sea posible. Llamar a la intervención de un ente del que se presupone la bondad y la sabiduría es tropezar de nuevo en la misma piedra.
Por encima de este tipo de «racionalismo», de «despotismo ilustrado» están las personas, con su libertad, su dignidad y sus derechos inalienables.
Mi abuela prefiere más presupuesto en las verbenas de carnaval.
¿Qué quiere usted que yo le haga?
Me limito a respetar su libertad.
Por introducir un pequeño contrapunto al comentario anterior, y sin pretender ser muy preciso, vaya que al hablar de operadores de utilities, podríamos diferenciar entre los que explotan una infraestructura (directamente, o mediante concesión), y los que proveen servicios sobre ella. En el mundo del transporte de mercancías y viajeros hay muchos ejemplos de sus diferentes modalidades, con gestión pública (estatal, regional), semipública (contratación, concesión) y privada (en abierta competencia).
Respecto de los incentivos para hacer negocios en los mercados libres regulados, podemos considerar que no todos tenemos la misma atracción por el riesgo. En los de los operadores de infraestructura de telecomunicaciones, creo que hay suficientes inversores (cajas de ahorros, fondos de pensiones) que se conformarían con un rendimiento ligeramente superior a la deuda pública, siempre que esté garantizado (y controlado) por la administración correspondiente. A mí me gusta más esta opción que una gestión hecha por oligopolios de facto, o la pública realizada por funcionarios cuyos principales méritos se acreditan sólo, en demasiadas ocasiones, con diplomas poco pertinentes escritos en lenguas muy minoritarias por afiliados a siglas partidistas muy locales (a escala mundial) –dando por sentado que el adjudicatario compite y logra la Ã?«prebendaÃ?» en buena lid (y no como debe de estar sucediendo en el affaire de LaOtra y Tele-K por el canal 40 de la TV analógica en la Comunidad de Madrid, parroquiano ejemplo que tendrá cierto sentido para algunos lectores de Enrique, y ninguno para los de allende los mares).
Cierto es que la innovación técnica acelerada, normal hoy en ciertos campos, logrará cambiar en ocasiones el período inicial de cálculo para la amortización de la infraestructura construída. En esta tesitura, yo preferiría que la administración de turno gastase su dinero del capítulo de I+D+i en facilitar los Ã?«write-offsÃ?» del balance de la concesionaria, y convocase un nuevo concurso, antes que, por ejemplo, en subvencionar la adquisición de sistemas operativos o herramientas de trabajo de pago en las escuelas públicas (cuando hay buenas alternativas gratuitas).
Recordemos que no por gastar más dinero para llegar al político objetivo percentual de turno (input) se consigue mejorar el resultado del proceso (output), que depende de cómo se haya organizado y mecanizado el trabajo físico o mental correspondiente. Y en ésto, los pensionistas de Extremadura también cuentan.
Vaya por delante que yo me siento más cerca que lejos del liberalismo. Ahora bien, creo que el liberalismo más radical genera una dinámica que rompe la sociedad. Siguiendo el ejemplo del pueblecito de Extremadura, si resulta que la iniciativa privada no ve interesante construir una carretera, el pueblo se queda aislado, hipotecando sus posibilidades de futuro. Consecuencia, el pueblo se abandona y todo el mundo se concentra en la gran ciudad. ¿Es deseable? ¿Es justo?
Si una persona no puede pagarse un seguro médico, y no hay una seguridad social… ¿que se muera en la calle?
No sé, a mi la «tozuda libertad de mercado» a veces me da miedo, porque no le importa pisotear esos derechos inalienables y esa dignidad de la que hablaba caballerodelefebo
Y como me temo que me he ido un poco del tema, me disculpo. Por unirlo un poco, me reafirmo en que las infraestructuras de telecomunicaciones, habida cuenta de su coste y de su potencial de apalancamiento para regiones/colectivos, deben ser consideradas un bien público y gestionadas como tales.
Si dejan que el estado intervenga, sucederá lo que siempre sucede cuando los estados intervienen…Caos y colapso.
Este post no habla de tecnología. Habla de política pura y dura.
Cuando hablamos de Políticas Públicas es importante no centrarse en una sola. Perdemos sus externalidades, que siempre son muchas y generalmente terribles e injustas.
El Estado no genera riqueza. La redistribuye, y destruye en su «gestión» buena parte. Cuando el Estado dice que todos tenemos derecho a una conexión ADSL independientemente de su coste, y sale de las lógicas del mercado. Quiere decir que incluso si en un lugar remoto donde la ADSL jamás generará un retorno capaz de justificar su coste, ésta ha de instalarse. Pues lo contrario, es injusto.
Pues bien, al final, no haremos sino trasladar los costes de un sitio a otro, para que a mi pueblo llegue la ADSL a razón de 5000 euros por vecino. (supongamos).
El Estado, no hace sino amenazar violentamente al contribuyente para quitarle parte de su propiedad (o sea, lo que podría entenderse como un robo, pero decidido «democráticamente» en aras del «bien común»). El contribuyente medio paga y asume el coste, y no protesta porque, como suele pasar, el perjuicio está diluido, y el beneficio concentrado.
El perjuicio se diluye de forma imperceptible haciendo un poquito menos productivos a todos, y destruyendo empleo, pues ya no es rentable emplear con un nivel menor de productividad. Jamás veremos esos empleos perdidos, ni está casi imperceptible rebaja de productividad de las zonas donde sí era rentable la inversión. Pero sí veremos las fotos de mi abuela con una conexión de banda ancha en mi pueblo.
Precisamente para que el Estado pueda concentrarse en la esencia de la dignidad de las personas, debe dejarse de meter su mano donde no sea verdaderamente inevitable.
Hasta qué punto es justo que una empresa PRIVADA (Telefónica), propiedad de sus accionistas, esté obligada a ceder su infraestructura? Y lo que es más: por qué tiene que cederla a cambio de un alquiler inferior a los costes de mantenimiento? Esque, para la competencia, es un chollo: los despidos y las jubilaciones anticipadas, se las tiene que comer telefónica. A telefónica, no le queda más remedio que subcontratar. Los demás no meten ni un duro, y si algo falla, por supuesto, que la culpa es de Telefónica. Ya ni siquiera discuto que, a Telefónica, no se la deja bajar el precio de las tarifas, porque la competencia favorece a los ciudadanos, pero no conviene que les favorezca tanto como para que dejen de ganar dinero los de la competencia, que no han invertido casi nada.
Hombre, Rutolf, porque Telefónica fue duranta decenios un monopolio que obtuvo pingües beneficios derivados de esa situación favorecida / protegida por los sucesivos gobiernos. Ahora no está más que devolviendo parte de lo que antaño obtuvo.
Señor Dans,
someta su talento inmenso a unas dosis de liberalismo, por favor!
:)
Otros ejemplos similares los podríamos tener con el servicio de correo o las vías de tren. Al final son servicios que podríamos definir como imprescindibles y donde la iniciativa privada no puede llegar de forma beneficiosa para sus accionistas. Pero eso no quiere decir que deba asumirla una organización pública. Se podría obligar a las empresas privadas a proveer el servicio en esas zonas con unos mínimos de calidad. Ya se encargarán ellas de perder lo menos posible en esas zonas. Si se le deja al sector público acaba como acaba, esclerotizado y con unas ineficiencias apabullantes.
Lo q yo espero es q toda esta pelicula acabe siendo ubicua, rapidísima y GRATIS.
Y esto me lleva a cierto post q leí hace un tiempo y q lamentablemente no sé ahora referenciar acerca de unos leviatanes flotantes suspendidos a razón de uno por país proporcionando WiMAX a todo quisqui.
Para q sea gratis, la vía pública y la financiación a través de impuestos es la única q se me ocurre (bueno, se me ocurre q el «operador incumbente» se lance, en filantrópico fervor, a invertir en un cacharro de estos sin cobrarnos un duro ;) )
A ver si alguien puede buscarnos ese post de WiMAX… Pista: creo q lo leí aquí, en edans (lo estoy buscando pero no lo encuentro!).
Por añadir un punto mas al debate de si es lo adecuado que la administración intervenga o no, quiero decir que para poder intervenir con garantías,es importante que se declaren las telecomunicaciones como una infraestructura de interés público (o al menos la red de transporte), para dejar a las administraciones intervenir como pueden intervenir para otras infraestructuras:
Hoy por hoy no se puede expropiar forzosamente para hacer un tendido de fibra óptica, pero si para un gaseoducto, o para una extracción de áridos (que aunque no lo parezca es mineria y como tal es tratada como de interés público).
Estoy muy de acuerdo con tu exposición, Enrique. Creo que a corto/medio plazo tendremos un cambio en el modelo de negocio de los operadores que nos va a permitir el ‘alway on’
Consultor anónimo: cuando Telefónica era pública, los beneficios iban a parar a las arcas del estado, de manera que no le debe nada a nadie. Lo que pudo crecer cuando era monopolio, y disfrutaba de esa posición privilegiada, lo hemos cobrado todos al privatizarla ya que sus inversores han pagado por ella teniendo en cuenta todos esos factores. Los inversores han pagado por una posición en el mercado, por una infraestructura, etc… Ahora no nos podemos quejar, después de haberla vendido, de que queremos seguir explotándola y pretender que nos siga «pagando», cuando no nos pertenece.
Is the radio spectrum a unique resource that belongs to the public, or can it be privately owned like any other good or service? Most people assume that public ownership is axiomaticÃ?Â?a starting point rather than the historical consequence of special interests pretending to misunderstand economics.
This is wholly incorrect. And given the mass clamor for wireless services, the full-scale privatization of this resource is essential. In this essay, I will review, from a Rothbardian perspective, the history, economics, and potential future of American wireless technology, and explain why we must abandon current policy
Ustedes encontrarán este artículo aquí: http://www.mises.org/fullstory.aspx?Id=1662
Creo que será bastante ilustrativo sobre el tema que nos ocupa.
A su servicio,
caballerodelfebo ;)
Por si da pereza el tocho. Conclusión:
When a resource is «public» it will either suffer the tragedy of the commons or be subjected to political allocation on the part of privileged interests, with all the waste and calculational chaos inevitable under central planning.
(…)
Wireless technology will continue to change the nature of communication and our uses of information. It will no doubt effect radical changes in the particulars of the market, but it cannot make economic law obsolete. Neither can it change the ethics of property rights.
Comentar a Caballero del Febo que cuando habla de dejar todo al mercado y que no es justo que paguemos entre todos una conexión carísima en un pueblo pequeño, que hay que ampliar más el enfoque: no estamos pagando una conexión carísima, estamos pagando calidad de vida para que haya gente viviendo allí y también, para asegurarnos unos servicios mínimos cuando pasamos nosotros mismos por allí. Realmente, e indirectamente, estamos pagando que haya gente para enseñarnos el museo del pueblo o que haya restaurantes en medio del monte o que las carreteras de esas zonas estén cuidadas medianamente. Gastos directos que no se ejecutarían si no hubiera gente viviendo allí.
En cuanto al comentario de Antonio, no es necesario que la infraestructura sea pública, pero tampoco se puede obligar a ninguna empresa a prestar servicio (sólo se hace con telefónica, y porque viene de ser un monopolio, y sólo en telefonía y en acceso a internet vía modem, que es lo considerado como acceso universal). La solución está en definir una intervención por parte de la administración, que ayude a las empresas a implantarse. Mediante subvenciones al usuario, por ejemplo. O creando una red para uso propio de la administración, que pueda vender el excedente de capacidad de transporte a un precio competitivo a los operadores privados, como segundo ejemplo. Maneras hay muchas. No es necesario que la administración se meta a ser operador. Sólo que favorezca que los operadores hagan su trabajo.
«Gastos directos que no se ejecutarían si no hubiera gente viviendo allí.»
Difiero de esta opinión. Unos ciudadanos son obligados a subvencionar a otros, porque vivir en el pueblo es bonito, respirable, limipio.
Sin embargo, al obrero de Madrid que vive 4 horas al día en un metro atestado para llegar al trabajo desde su piso de 40 metros nadie le subvenciona. Al contrario, le obligamos a asumir el coste, y a ser menos productivo arriesgando incluso su puesto de trabajo.
Lo malo del Estado metiendo su intervención mediante su violencia, es que siempre hay dos caras. Y sólo vemos la cara dulce.
Si estamos dispuestos a pagar por ir a musesos existirán. Si no lo estamos, el mensaje que transmitimos es que no queremos museos hasta el punto de asumir su coste.
Y si sólo acuden a los museos personas que, como Fernando, (esto es un suponer), tengan cierto nivel educativo para apreciarlos y algún tiempo libre, volvemos a lo de siempre. Los pobres financiando a los ricos a través del Estado.
Me parece bien que haya quien quiera irse al campo, y conectarse allí con ADSL. O quien quiera cooperar a que sobrevivan algunos pueblos. Me parece muy mal que para ello, me pongan la porra del policía delante y me quiten a mí ese dinero. Y a tantos otros que se permiten elegir otra cosa. Yo, tengo otras preferencias, y me las tengo que pagar solito.
Perdón, la alusión a Fernando es en genérico. Se refiere a cualquier persona que tenga cierto nivel de educación, recursos y tiempo libre.
Como podría ser incluso mi propio caso.
Caballerodelfebo:
El liberalismo extremo, como el sueño de la razón, produce monstruos. Usando su nombre he oído justificar la prostitución infantil, el chantaje y el tráfico de armas (busca a un elemento llamado Jorge Valín) Cuando hablas de la violencia del estado, me suenas demasiado a demagogia. Seguro que si dejásemos que el mundo lo dirigieran las multinacionales (en ello estamos) viviríamos todos mucho mejor ¿no?
Basta con que el Estado se reduzca a lo que es imprescindible que haga.
Que no se haga con el protagonismo. Y en el tema de las infraestructuras de telecomunicaciones, no tendría que entrar. La mera «amenaza» de su entrada sirve para frenar la iniciativa privada.
Al contrario, que regule menos y nos deje hacer a los ciudadanos. Si hay una demanda (obviamente: si hay una demanda), yo mismo me ofrezco a garantizar wireless para todos en mi pueblo, y bien baratito.
Claro, como puede que entre el Estado, vía regulaciones complejísimas o directamente, ni me atrevo. No por incapacidad tecnológica, sino por incapacidad burocrática, o legal…
El Estado como desincentivador…
Lo de las multinacionales, según… en algunos sectores serán más competitivas, en otros serán más competitivas las empresas locales.
En todo caso serán los ciudadanos los que como consumidores decidan quién les da servicios.
Enrique, el sistema que propones al final de tu post es el que se siguió para la liberalización del sector audiovisual (Retevision Audiovisual, etc.).
Creo que, aunque teoricamente el sistema es bueno, en la practica plantea problemas como los de calidad de servicio, dado que si la infraestructura es comun y publica (funcionarial?), todos los operadores darían servicios con un tope máximo en sus niveles de calidad.
Sin embargo los operadores, en vez de plantearse la calidad tecnica de servicio, por contra, deberían plantearse temas interesantes como la calidad percibida de servicio, la atencion al cliente, etc.
Te pongo un ejemplo: soy cliente de Vodafone en Datos, no conozco el numero asociado a mi simcard, y queria hablar con atencion al cliente. Dado que su sistema telefónico no me dejaba acceder si no indicaba mi numero vodafone, les puse una nota a través de la web. Tardaron ‘solamente’ 20 días en contestarme… Servicio de calidad?
Otro ejemplo es el de MoviStar y el cambio unilateral de los modelos de facturacion de este pasado 18 de septiembre, donde han pasado de facturar por segundos a por medios minutos y a cobrar los desvios de movil MoviStar a movil MoviStar… Eso tambien es atencion al cliente…
En cualquier caso todas las reflexiones que haces son muy interesantes.
Los desvíos siempre se cobran, y lo de la facturación por medios minutos ya la han quitado, no ha estado nada de tiempo.
«AVISO
La palabra «incumbente» no está en el Diccionario».
Fuente: http://www.rae.es/
Precisamente sobre la calidad del servicio estamos hablando en la página de aproxima.es. Las reflexiones de Enrique son muy acertadas, pues está claro que para una empresa si algo no es rentable no invierte en ello. Telefónica está obligada a dar el servicio universal, pero no lo hace por placer ni beneficios.
Estoy de acuerdo, por tanto, en los planteamientos de crear una sociedad mixta privada-pública que sea la que gestione las infraestructuras, si se hace correctamente puede no tener pérdidas excesivas y ser rentable como el receptor de quejas, de mediación entre el consumidor y el tiburón de turno que ofrece el servicio de telecomunicaciones.
Ahora, esto es como la gestión del suelo. ¿Quién se encarga? ¿El gobierno central o el ayuntamiento? Ahí hace falta un organismo regulador EFECTIVO, pues parece que hasta ahora la CMT trabaja exclusivamente desde su despacho, no a pie de calle con los problemas de las empresas y ciudadanos para acceder con cada vez mejor calidad y servicio a la banda ancha u otras tecnologías.
Hola, me gustarÃa saber si puedes ayudarme en la búsqueda de teóricos liberales que tengan una postura sobre los medios de comunicación. Soy de uruguay y estoy realizando una investigación para la facultad de sociologia. Cualquier aporte, cualquier nombre que pueda servirme para desarrollar más el tema serÃa una ayuda inmensa. Desde ya muchas gracias.
Sebastián
Por si ospuede interesar visitad www.faptelecom.com/faptv es un videoblog sobre telecomunicaciones presentado por una chica guapisima. Saludos ;-)
En mi opinión la forma de operar de las empresas de telecomunicaciones ha cambiado mucho en los ultimos años, han cambiado por completa su forma de negocios, por ejemplo los ingresos de telefonia fija, en españa son residuales y por lo tanto incluso regalan llamadas si contratas adsl, algo totalemente impesable hace solo 10 años, poco a poco vemos como este sector va cambiando .