Vía ABC, veo que la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas » ha aprobado por unanimidad instar al Gobierno a que promueva la investigación, desarrollo y mejora de las tecnologías basadas en software libre, con el fin de lograr un software para todos que aporte las mismas soluciones que aquél que hoy se encuentra bajo licencia. El texto exige al Gobierno «tener en cuenta los principios de buena administración en la gestión de los recursos públicos que obligan a contemplar las mejoras técnicas disponibles, priorizando la eficacia y la eficiencia en la consecución de los objetivos a que deben ceñirse los servicios públicos, con mantenimiento de posiciones de neutralidad en cuanto ello sea posible». La propuesta emerge de los informes de progreso del llamado Proyecto Rhodas, que pretende sustituír todas las estaciones de trabajo Windows NT que usan los funcionarios por sistemas basados en Debian GNU/Linux.
Hoy nos hacen una «entrevista» para preguntarnos por la ideoneidad de la instalacion de Linux como S.O.
Nosotros diremos… o windows es un S.O.? ;)
Pues a ver si empiezan dando ejemplo en el Parlamente, con sus nuevos Windows recién instaladitos.
Buenass.
Ya veremos cuánto tarda Microsoft en «seducir» a sus señorías parlamentarias con buenos maletines repletitos de billetes verdes con el anagrama «In God We Trust».
Un saludo. WhiteShark.
Insisto en dos cosas:
* la administración no tiene porque meterse en un mercado de esta forma.
* es interesante que sean las administraciones las que financien las implantaciones «publicas» frente a las «privadas». ¿hasta cuando tendremos que soportar a papito Estado en su labor de primar a quienes tienen sus mismos vicios y objetivos? Sólo los funcionarios podrián ser el público objetivo del sw libre, no podría ser de otra manera. Desde la seguridad que da usar el dinero que ni cuesta ganar, ni cuesta gastar ¿cómo no va a ser el paraíso del sw libre las administraciones? No con mis impuestos….
El tema del Software Libre en las Administraciones Públicas es complejo y creo que se ha politizado excesivamente. Creo sinceramente que el Tribunal de Cuentas no debería meterse en cuestiones que no domina. Y que lo mejor es dejar a los responsables de tecnología de cada centro que decidan, porque para eso están formados, cual es la mejor solución en cada caso. Esto no quiere decir que no haya que apoyar el software libre, pero siempre dentro del marco de la innovación y de la prudencia con el dinero público. Es un tema en cualquier caso para dialogar con calma y moderación, y no siempre se consigue la misma en algo que parece a priori una discusión entre bandos rivales.
Yo no lo veo así. Esa postura, la de la llamada «neutralidad tecnológica», me parece que puede tener sentido en el mundo de la empresa privada. Pero en el sector público, la primera consideración debería ser por principio hacia programas de código abierto, completamente interoperables y que hagan que cualquiera pueda comunicarse con ellos. El formato propietario en el sector público me parece un ultraje, sólo justificable si existiese una marcadísima superioridad en prestaciones que no me parece para nada que esté teniendo lugar. Pero condicionar las inversiones, modificaciones, acceso, etc. del sw utilizado en el sector público a los condicionantes de una empresa privada que, además, no permite tocar su código, lo siento, pero me parece un contrasentido. Utilizando un ejemplo de un amigo al que lee mucha gente, sería como si para entrar en el edificio del ministerio X te obligasen a hacerlo utilizando zapatos de marca Y. Sería simplemente inconcebible.
Como responsable de informática de un gran centro público tengo que discrepar contigo. No es posible cambiar en un gran centro de trabajo a software libre sin más, ni de un procesador de texto a otro, porque hay muchos condicionantes: formación de la gente, inversión ya realizada en programas, interoperabilidad con las aplicaciones ya existentes, etc. En una gran organización, sea pública o privada, exista unos sistemas heredados que deben seguir funcionando y estos incluyen desde macros hechas en versiones obsoletas de procesadores de textos hasta aplicaciones realizadas en Clipper por ejemplo.
Ningún responsable de un centro informático puede dedicarse a jugar con sus usuarios, tiene que garantizar la disponibilidad del servicio. Por ello es posible perfectamente, como se hace, realizar nuevas aplicaciones con software libre enteramente, pero se debe garantizar el funcionamiento de las anteriores. La neutralidad tecnológica no es más que sentido común. Con medios y desde nuevo es posible hacer cualquier cosa, con una organización de 8.000 personas no se puede hacer experimentos, todo tiene que ser planificado y meditado. Y además, que el software sea propietario para algunas funciones no es malo ni bueno, para otras si lo es. Por ejemplo, que más me da que el firmware de una cámara digital sea propietario. Normalmente nunca interactuaré con él. Otra cosa son aplicaciones con datos personales, o relativas a la seguridad nacional, etc.
Estoy de acuerdo con Rafael Chamorro. Trabajo como programador en la administración pública. Son muchas (muchisimas) las aplicaciones heredadas (Clipper, Access). También muchos documentos Word y Excel automatizados con VBA, Automatizacion Access-Word, aplicaciones para Windows, etc. Yo todavía no he visto en las suites (OpenOfice, etc) estas funcionalidades, aunque la propaganda de todos los medios, incluido el tuyo Enrique, no hacen mas que decir que ofrecen lo mismo que la de Microsoft. Aun no es así. Una solucion sería Linux con emuladores Windows para poder seguir con aplicaciones heredadas, supongo… Porque el trabajo de «pasar» todo lo antiguo a la arquitectura gratuita nueva es titánico y, además, no dejaría tiempo en crear nuevas aplicaciones.
Para la implantación de servidores sí lo veo más asequible, pues el usuario no sabe si es Windows o Linux. Pero a nivel de usuario, la formación sería un gran problema (además, por experiencia, no todos los usuarios son muy avanzados en tecnologías, y no saben después de años, copiar un documento de un lugar a otro o cambiarle el nombre: ¡Como para cambiarles de un día para otro todo el sistema!)
Me parece que, tanto en las organizaciones privadas como públicas, los técnicos (trabajando como tales) han de supeditarse a las decisiones políticas de los que gobiernan (basadas en valores y apreciaciones discutibles). Otra cosa es que dichas decisiones se adopten sin saber el coste que comportan, tanto en tiempo y dinero, ni las hipotecas que establecen para el futuro.
En este sentido, el argumentario de Enrique es muy defendible, y yo lo comparto.