Que los menores estén presentes en las redes sociales no es solo un problema educativo, ni siquiera únicamente un problema de salud mental. Es, sobre todo, un problema estructural: hemos permitido que sistemas diseñados para explotar datos personales, manipular la atención y maximizar la polarización se conviertan en espacios cotidianos de socialización para los colectivos más vulnerables. Y lo hemos hecho mirando hacia otro lado durante demasiado tiempo.
En ese contexto, el anuncio del presidente del Gobierno de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años supone, contra lo que algunos se apresuran a afirmar, un paso en la dirección correcta. No es una ocurrencia improvisada ni un gesto paternalista: es una medida de protección razonable para el colectivo más vulnerable ...
